Durante un debate en la Asamblea Departamental de Córdoba este 13 de marzo, el diputado Gabriel Calle se pronunció enérgicamente contra el proyecto que busca instalar 10 cámaras de fotodetección en vías del departamento. Calle calificó la iniciativa como “innecesaria” y urgió al gobernador Erasmo Zuleta Bechara a “no dejarse mal asesorar”, argumentando que las fotomultas no reducirían la accidentalidad ni la ilegalidad, sino que generarían más malestar entre los conductores.
“El departamento ya está sitiado por peajes. No repitamos el mismo error con dispositivos que, bajo el discurso de la seguridad, podrían convertirse en otro motivo de descontento”, declaró Calle, en alusión a las críticas previas del mandatario sobre la saturación de peajes en la región. Sin embargo, su postura ha sido recibida con escepticismo, dado el historial cuestionable del clan Calle, al que pertenece el diputado, vinculado a múltiples escándalos de corrupción en años anteriores.
Según investigaciones de medios nacionales —como Las2Orillas y El Heraldo—, el entorno familiar y político de Calle ha sido señalado por presuntas irregularidades en contratos públicos y apropiación de recursos. En noviembre de 2024, el legislador fue recibido con protestas ciudadanas en la Asamblea de Córdoba, donde manifestantes exhibieron pancartas aludiendo a su falta de legitimidad para representar intereses colectivos.
Paradójicamente, el gobernador Zuleta Bechara tampoco escapa a las acusaciones. Como reveló La Otra Cara, una denuncia penal lo vincula a presuntos actos de corrupción en el sector salud, lo que agrega un trasfondo de desconfianza institucional al debate.
Proyecto en veremos
Fuentes consultadas por este medio confirmaron que el plan de fotomultas no está formalizado dentro de los mecanismos de la Sociedad de Economía Mixta impulsada por la Gobernación, pese a que su creación fue aprobada en el plan de desarrollo. Aunque la iniciativa aún no es definitiva, la oposición de Calle ha reavivado cuestionamientos sobre si su postura responde a un genuino interés ciudadano o a estrategias para distraer de los señalamientos que persiguen a su grupo político.
Mientras el debate continúa, la ciudadanía cordobesa enfrenta una disyuntiva: elegir entre herramientas de control vial —cuya eficacia divide opiniones— y la desconfianza hacia figuras cuyas trayectorias están marcadas por controversias.
