Aunque Tierralta, Córdoba, fue reconocido recientemente como el municipio con la mejor percepción de seguridad en la región Caribe, con un 90% de sus habitantes manifestando sentirse seguros, esta imagen se ve empañada por las recientes amenazas contra periodistas y concejales. Estas situaciones han generado preocupación y contradicen el título de “municipio más seguro” que le otorgó el estudio de Mediciones Estratégicas.
Según reportes de medios nacionales, la Procuraduría General de la Nación ha exigido medidas de protección para concejales de Tierralta que han sido amenazados por grupos armados. Estas intimidaciones han puesto en evidencia los desafíos que enfrentan los líderes en medio de un panorama de seguridad que, aunque positivo en términos generales, aún presenta riesgos para quienes ejercen labores públicas.
Por otro lado, un periodista del municipio denunció que no fue tenido en cuenta en un Consejo Extraordinario de Seguridad convocado para abordar las amenazas contra la prensa. Este hecho ha levantado críticas sobre la transparencia y la inclusión en las decisiones relacionadas con la seguridad en el municipio.
Contraste entre percepción y realidad
El estudio de Mediciones Estratégicas, que evaluó 52 municipios de la región Caribe, destacó a Tierralta como el más seguro, seguido por otros municipios cordobeses como Ciénaga de Oro (84%) y Montelíbano (74%). Sin embargo, las amenazas recientes contra líderes y un comunicador muestran que, a pesar de los avances, persisten desafíos que requieren atención inmediata.
“Las mediciones muestran un patrón claro donde los municipios cordobeses destacan significativamente por su percepción de seguridad frente a otros municipios caribeños”, señaló el análisis de Mediciones Estratégicas. No obstante, estos casos de intimidación revelan que la seguridad no puede medirse únicamente por la percepción ciudadana, sino que también debe considerar la protección de quienes están en la primera línea de la defensa de los derechos y la democracia.
Llamado a las autoridades
Ante esta situación, organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa han hecho un llamado a las autoridades municipales y nacionales para que refuercen las medidas de protección a periodistas y concejales. La Procuraduría ya ha intervenido, exigiendo acciones concretas para garantizar la seguridad de los líderes amenazados.
