La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha rechazado la agresión física sufrida por el periodista Luis Alberto Suárez, del municipio de Ayapel, Córdoba, el pasado domingo 13 de julio. La agresión, perpetrada por el secretario de Gobierno, Jorge Rojas, ha sido además “legitimada” por el alcalde Hugo Armando Pinedo, según el pronunciamiento de la FLIP.
La FLIP señala que el incidente forma parte de una serie de ataques, incluyendo violencia física, amenazas y estigmatización, contra el comunicador, en aparente represalia por su labor periodística y las denuncias públicas que ha realizado sobre la gestión municipal a través de su página de Facebook “Luis Alberto Suárez Periodista”, con más de 47 mil seguidores.
Los hechos se presentaron cuando el periodista salía de su casa en motocicleta. El secretario de Gobierno, Jorge Rojas, supuestamente lo siguió, lo alcanzó y lo golpeó por la espalda, provocándole una caída, heridas en un brazo y una pierna, y daños en su celular y motocicleta. Tras la agresión, Rojas habría advertido: “si quieres te llevo a Medicina Legal y te pago la incapacidad para que aprendas a respetar a los hombres”.
Posteriormente, tanto el secretario Rojas como el alcalde Pinedo realizaron publicaciones en redes sociales. Rojas justificó su conducta y anunció acciones legales por calumnia, mientras que el alcalde Pinedo respaldó al secretario, escribiendo en su cuenta de Facebook: “Mi querido dr., le faltó darle una más duro por mí para que por fin aprenda a respetar”, lo que la FLIP interpreta como una legitimación de la agresión física. La FLIP también observa que ambos funcionarios han continuado publicando videos con un discurso que considera revictimizante hacia el periodista.
La FLIP subraya que estas agresiones y señalamientos crean un ambiente hostil para la prensa local, promoviendo la autocensura y limitando el acceso a información de interés público. En este sentido, la Fundación exige al secretario Jorge Rojas y al alcalde Hugo Armando Pinedo que ofrezcan excusas públicas al periodista, reconozcan la gravedad de sus actos y se abstengan de atacar a la prensa en el futuro, recordándoles su deber constitucional de proteger la libertad de expresión.
Adicionalmente, la FLIP ha instado al Concejo Municipal de Ayapel a ejercer control político sobre las conductas de los funcionarios. Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue y sancione rigurosamente a los responsables, considerando la naturaleza de la agresión como represalia por la labor periodística y su posible carácter sistemático (el periodista ya había denunciado al alcalde en noviembre pasado). Finalmente, pidió a la Policía Nacional de Córdoba que continúe garantizando la seguridad del periodista y prevenga el escalamiento de la violencia en su contra.
