En el Concejo Municipal de Montelíbano se desató una tormenta política tras conocerse el Proyecto de Acuerdo No. 018 de 2025, con el que el alcalde pretendía ser autorizado para comprar un terreno destinado según su despacho a proyectos de vivienda e infraestructura educativa. Sin embargo, el negocio escondía una serie de irregularidades que hoy comprometen seriamente la transparencia de la administración local.
El lote en cuestión, de unas 58 hectáreas, fue adquirido en mayo de 2025 por el señor Rubén Darío Uribe Arboleda a un precio de $66 millones por hectárea. Cinco meses después, la Alcaldía pretendía comprar parte del mismo terreno a $320 millones por hectárea, un incremento del 380% en tan solo cinco meses, sin justificación técnica ni aval de una entidad oficial.
El avalúo que sustentaba la operación no fue realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como exige la ley, sino por un particular que apenas figura como “auxiliar de avaluador”, lo que ya levantó sospechas sobre la legalidad del proceso.
La ponencia que destapó el escándalo
La concejal Jaidith Zabaleta, encargada de estudiar el proyecto, presentó una ponencia negativa argumentando graves inconsistencias en los documentos y una posible configuración del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.
En su análisis, Zabaleta advirtió que el predio no solo está sobrevalorado, sino que además tiene restricciones ambientales y zonas inundables, lo que lo haría inviable para el desarrollo de vivienda o infraestructura.
“Pretender pagar ese valor por una tierra con riesgo de inundación es ocasionar un detrimento patrimonial gravísimo para el municipio”, señaló la concejal en su informe.
Entre las irregularidades señaladas también figura la falta de certificaciones legales, como la disponibilidad presupuestal (CDP), el certificado de uso del suelo y la documentación sobre la conveniencia de la compra, todos requisitos obligatorios según la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1082 de 2015.
Ante la contundencia de las pruebas, el proyecto fue hundido y archivado por el Concejo.
Presiones, intimidaciones y denuncias
El ambiente dentro del Concejo se volvió aún más tenso cuando, durante las sesiones de comisión, contratistas de la Alcaldía entre ellas Leidy Lobo Barreo, abogada de contratación; Maritza Vega y Nileth Murillo ingresaron sin invitación oficial y, según los concejales presentes, intervinieron e intentaron presionar el voto positivo del proyecto.
Los concejales Jaidith Zabaleta y Yanilson Romero denunciaron haber sido intimidados y amenazados con denuncias disciplinarias si no apoyaban la iniciativa del alcalde.
“No solo irrumpieron en el estudio de comisión sin autorización, sino que se comportaron como si fueran dueñas del Concejo”, relató una fuente cercana a la corporación.
Tras la denuncia disciplinaria interpuesta por el abogado de los concejales contra el alcalde, se ha señalado que el mandatario presuntamente estaria utilizando a sus contratistas como instrumentos de presión política para amedrentar a los cabildantes disidentes.
La ponencia oficial del Concejo documento que sustenta la decisión de archivar el proyecto y evidencia que la administración municipal intentó avanzar en una compra sin cumplir los requisitos legales mínimos, sustentándose en un avalúo irregular y un terreno con restricciones ambientales críticas.
De haberse aprobado la compra, el municipio habría desembolsado miles de millones de pesos por un terreno inadecuado e inflado artificialmente, configurando un claro riesgo de detrimento patrimonial sostiene la Concejal Zabaleta.
Con la denuncia ya en manos de los organismos de control, los concejales esperan que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen tanto la presunta manipulación del avalúo como las intimidaciones a funcionarios públicos.
Mientras tanto, la ciudadanía de Montelíbano observa con preocupación cómo la promesa de vivienda social se convierte en un nuevo capítulo de presunto abuso de poder y corrupción administrativa.
