Comunidades indígenas del área de influencia del proyecto minero El Alacrán en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, han venido denunciando serias afectaciones contra la empresa Minerales Córdoba por su presunta implicación en daños ambientales, reasentamiento y violación de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Esta denuncia ha generado indignación y un llamado urgente a la acción por parte de defensores de los derechos humanos y ambientales.
El caso gira en torno a la participación de la empresa en actividades que resultarían afectando directamente a las comunidades indígenas en sus territorios ancestrales. Estas situaciones se llevarían a cabo en nombre del desarrollo industrial, lo que provocaría graves consecuencias sociales y ambientales para estas comunidades vulnerables.
Una de las denuncias hechas por esta comunidad es la explosión de 20 toneladas de ANFO cada 48 horas, lo que generaría una elevada concentración de gases nitrosos considerados como tóxicos, ya que cada kilogramo de ANFO genera 987,3 litros de gases, para un total de 19.928.045 litros de gases por voladura. Todo esto generaría daños significativos al medio ambiente por vertidos de residuos tóxicos y contaminación de fuentes de agua como lo es el Río San Pedro, lo que pone en peligro no solo el ecosistema local, sino también la salud y el bienestar de las comunidades que dependen de estos recursos naturales para su supervivencia.
La exposición a sustancias tóxicas y la contaminación del entorno generan una grave preocupación sobre el aumento de enfermedades y problemas de salud que se podrían generar entre los habitantes, especialmente niños, mujeres embarazadas y ancianos.
La comunidad exige de manera contundente que se abra nuevamente la consulta previa, ya que es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, que implica la obligación de los estados y las empresas de consultar a las comunidades indígenas antes de tomar cualquier medida que pueda afectar sus derechos. En este caso, las comunidades indígenas de Puerto Libertador están ejerciendo este derecho al exigir una consulta previa con Minerales Córdoba antes de que la empresa pueda llevar a cabo cualquier actividad en sus territorios.
Es imperativo que se realice una investigación imparcial sobre las actividades de la empresa en cuestión y se tomen medidas correctivas inmediatas para evitar daños que podrían ser irreparables.
