El municipio de Tierralta, al sur de Córdoba, se enfrenta a un conflicto limítrofe con Montelíbano y Antioquia, cuyo desenlace podría modificar el mapa del departamento. Este paso es importante para avanzar en la formalización de tierras promovida por el Gobierno Nacional, que busca beneficiar a las comunidades rurales mediante la priorización de inversiones en infraestructura y servicios.
La primera reunión técnica, que contó con la participación de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los alcaldes de Tierralta, Montelíbano y Planeta Rica, se centró en el ajuste de los límites entre Tierralta y Montelíbano, específicamente en los corregimientos de San Felipe de Cadillo y El Diamante, áreas de relevancia para las comunidades.
Jesús David Contreras, alcalde de Tierralta, expresó su postura del municipio: “El Diamante y Cadillo son Tierralta”. El mandatario del Alto Sinú subrayó que, aunque estas dos comunidades figuran en bases de datos nacionales como parte de Montelíbano, históricamente pertenecen a Tierralta. “No vamos a ceder ni un centímetro de nuestras tierras, la de nuestros ancestros”, afirmó Contreras, defendiendo además la soberanía de Tierralta sobre el corregimiento de Saiza, limítrofe con Antioquia.
El conflicto por Saiza involucra más de 100 mil hectáreas en disputa entre Córdoba y Antioquia, lo que convierte este territorio en un punto estratégico en la definición de los límites departamentales. El alcalde reiteró que el corregimiento es parte indiscutible de Tierralta, y que la administración municipal está comprometida en recuperar completamente el territorio.
La reunión técnica, respaldada por la cartografía del IGAC, estableció los lineamientos iniciales para zanjar estos conflictos, lo que permitiría, además, avanzar en la formalización de tierras. La ANT facilitará el proceso administrativo necesario para delimitar los territorios de manera oficial, lo que beneficiará a los campesinos al agilizar trámites y garantizar la seguridad jurídica sobre sus tierras.
Este proceso es importante para el desarrollo rural, pues resolverá disputas históricas y también impulsará un crecimiento sostenible en las comunidades afectadas. Los alcaldes presentes en la reunión expresaron su compromiso con la cooperación y la voluntad política necesaria para llegar a un acuerdo, destacando la importancia de trabajar en conjunto para el bienestar de sus territorios.
