La comunidad indígena Zenú del resguardo Alto San Jorge ha tomado medidas drásticas al implementar un control territorial y organizar una manifestación para exigir el cumplimiento de sus derechos educativos. Liderados por Israel Manuela Aguilar, máxima autoridad de la Guardia Indígena, denuncian el incumplimiento de la implementación de un sistema educativo con enfoque diferencial, ordenado por la Corte Suprema de Justicia en 2016.
El reclamo central radica en la falta de cumplimiento de la sentencia STC de 2016, que obliga a la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, a garantizar una educación adecuada y respetuosa de las particularidades culturales y ancestrales de los pueblos indígenas Zenú. Sin embargo, ocho años después de dicha sentencia, la comunidad continúa enfrentando negativas y dilaciones por parte de las autoridades departamentales.
“Nosotros, como comunidad, hemos luchado por este derecho desde 2015 y seguimos siendo ignorados. La implementación de esta educación no solo es un mandato legal, sino una necesidad para preservar nuestra identidad y garantizar el desarrollo de nuestra niñez”, afirmó Aguilar.
El resguardo Alto San Jorge fue reconocido oficialmente en 2014, un logro que inicialmente generó expectativas de avances en los derechos educativos. No obstante, las constantes negativas llevaron a la comunidad a presentar tutelas que, tras ser negadas en instancias locales, fueron apeladas ante la Corte Suprema, que falló a favor de los Senú.
A pesar de este reconocimiento legal, los compromisos no se han materializado. Aguilar denuncia la falta de nombramiento de docentes propios y la ausencia de los recursos necesarios para implementar un modelo educativo ajustado a las tradiciones y necesidades del resguardo.
En el contexto de esta manifestación, la comunidad Zenú ha establecido un control territorial en el puente San Jorge, un punto estratégico que simboliza su resistencia frente a los incumplimientos del gobierno. Según Aguilar, el bloqueo se mantendrá hasta que las autoridades departamentales, encabezadas por la gobernación de Córdoba, se desplacen al territorio para entablar un diálogo directo con la comunidad.
“No iremos a Montería. Si hemos llegado a este punto, es por su incumplimiento. Ahora les corresponde a ellos venir a nuestro territorio y asumir la responsabilidad de su abandono”, sentenció Aguilar.
La protesta ha contado con el acompañamiento de la fuerza pública y de la personera municipal de Buenavista, quienes han facilitado los primeros acercamientos con la gobernación de Córdoba. Sin embargo, la comunidad insiste en que cualquier avance dependerá de la disposición de las autoridades para actuar con prontitud y compromiso.
La movilización de los Zenú plantea desafíos para el gobierno departamental, que deberá responder a las exigencias de la comunidad en medio de un clima de tensión social.
La comunidad Senú ha dejado claro que esta lucha no es solo por la educación, sino por la dignidad y el reconocimiento de su papel en la construcción de un país diverso y respetuoso de sus raíces culturales.
