El alcalde de Puerto Libertador, Ramón Rubio, se enfrenta a acusaciones de haber suscrito un millonario contrato con el padre de su abogado defensor mientras atraviesa una demanda de nulidad electoral por doble militancia. El contrato, que asciende a más de 140 millones de pesos, fue firmado con Joaquín Felipe Negrete Sepúlveda para prestar servicios de asesoría en temas de asuntos mineros.
Dentro de dicho contrato, se completa, en la clausula cuarta el modo de pago en la que se cancelaría el 40 % de 140 millones que sería, aproximadamente 56 millones. Además, este debería durar, según el contrato nueve meses.
Negrete Sepúlveda es el padre del abogado defensor de Rubio, Joaquín Felipe Negrete Pérez, quien ejerce la representación legal del alcalde en la demanda de nulidad electoral. Esta situación genera serias dudas sobre un posible conflicto de interés, pues los recursos del municipio podrían estar siendo utilizados para financiar la defensa legal de Rubio.
El contrato entre el municipio y Negrete Sepúlveda plantea interrogantes sobre la necesidad de tantos asesores en asuntos mineros para Puerto Libertador. La transparencia y legalidad de esta operación se han puesto en tela de juicio, considerando la posible relación entre el pago de los servicios del padre y la defensa legal que proporciona el hijo al alcalde.
Esta situación debería ser investigada a fondo para esclarecer si se está abusando de los recursos públicos en beneficio personal. Además, los ciudadanos de Puerto Libertador merecen saber si su alcalde está comprometido con la defensa de sus intereses y si los fondos municipales se están utilizando de manera responsable.
Recuerde que como decía San Pío X, lo que está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo, lo que está bien, está bien aunque no lo haga nadie.
