En el departamento de Córdoba, la situación de los líderes sociales sigue siendo crítica. Informes de la Fundación Social Cordoberxia han dejado ver amenazas persistentes contra defensores de derechos humanos, incluyendo a su director, Andrés Chica. En 2023, más de 25 líderes sociales recibieron amenazas, y al menos cinco se vieron obligados a abandonar el departamento debido a la falta de garantías de seguridad. Estas denuncias, recogidas por medios como W Radio y La Razón, muestran la vulnerabilidad en la que se encuentran los líderes cordobeses.
Desde 2016, se ha registrado en Colombia el asesinato de un líder social cada dos días, según datos de Indepaz. En 2024, la organización reportó 173 homicidios de líderes, una cifra ligeramente inferior a los 188 de 2023 y los 187 de 2022. Sin embargo, esta leve reducción no refleja avances significativos. “Estos resultados son intolerables”, afirmó Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior, en un contexto donde las amenazas persisten y los grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), continúan siendo actores principales de la violencia.
Gráfica de Asesinatos de Líderes Sociales
En el ámbito nacional, la Mesa Nacional de Garantías, creada en 2009 para proteger a los defensores de derechos humanos, no ha cumplido con las expectativas. Durante el gobierno actual, la mesa solo se reunió una vez, incumpliendo la periodicidad ordenada por la Corte Constitucional en 2023. Leonardo González, director de Indepaz, expresó que “la falta de eficacia en la gestión de estas mesas ha debilitado la protección de los líderes sociales”.
Por otro lado, aunque la política de “Paz Total” ha buscado desmovilizar a diversas estructuras armadas, los resultados aún no han impactado de manera decisiva en la seguridad de los líderes sociales. Zonas como el norte del Cauca, Antioquia y el norte del Valle siguen siendo epicentros de violencia. Si bien se han observado disminuciones de homicidios en regiones como Tumaco y Catatumbo, estas se atribuyen más a acuerdos entre grupos armados que a acciones concretas del Estado.
Es imperativo recordar que la protección de los líderes sociales no solo es un compromiso ético, sino una obligación del Estado. Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han reiterado su llamado al gobierno para que priorice la vida y seguridad de quienes trabajan en defensa de los derechos fundamentales. En palabras de Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, “no se puede perder la oportunidad de lograr avances concretos en derechos humanos”.
