El secuestro de Lyan José Hortúa Bonilla, ocurrido el pasado 3 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca, trascendió rápidamente de un caso aislado a un episodio que puso en evidencia las tensiones entre estructuras criminales en la región. Según fuentes consultadas por Revista Semana, el hecho estaría vinculado a una presunta deuda millonaria entre la familia del menor y el narcotraficante Diego Rastrojo, actualmente extraditado.
Un secuestro por “error”
De acuerdo con versiones recogidas por autoridades, el grupo disidente Jaime Martínez habría recibido el encargo de capturar a Angie Bonilla, madre de Lyan, o a su padrastro, Jorsuar Suárez, para presionar el pago de una deuda cercana a los 37 mil millones de pesos. Sin embargo, al no encontrarlos, los captores se llevaron al niño de 11 años.
“Todo fue un error”, admitió una fuente cercana a la investigación, quien explicó que el menor se convirtió en moneda de cambio en medio de la disputa.
La sombra del narcotráfico
La trama se remonta años atrás: el padre biológico de Lyan, José Leonardo Hortúa, alias “Mascota”, habría sido heredero de Los Rastrojos y hombre de confianza de Diego Rastrojo. Tras su asesinato en 2013, presuntamente dejó bienes y dinero bajo custodia de Angie Bonilla, quien ahora es señalada por el grupo criminal de no haber rendido cuentas.
“La plata y los bienes no estaban”, reveló una fuente oficial, lo que habría motivado el secuestro.
Negociaciones bajo presión
Ante la falta de operativos de rescate, la familia optó por pagar un rescate parcial —cercano a los 4 mil millones de pesos— para garantizar la liberación del niño. “Nos vimos en la obligación de pagar. Sentimos un total abandono del Estado”, denunció Sebastián Bonilla, tío del menor.
El dinero fue entregado en efectivo en Jamundí, y tras verificarlo, los captores liberaron a Lyan con intermediación de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo.
Fallas en la respuesta oficial
El padrastro del niño, Jorsuar Suárez, cuestionó la inacción de las autoridades: “Nunca llegó nadie a apoyarnos. Nos tocó defendernos solos”. Pese a que la vivienda contaba con sistemas de seguridad, los captores ingresaron sin obstáculos.
Fuentes policiales admitieron que el caso se manejó con cautela por tratarse de un conflicto entre narcotraficantes. “Si al niño le pasaba algo, se nos caía la ciudad [Cali]”, confesó un investigador.
¿Qué sigue?
El caso ha reabierto debates sobre la influencia del narcotráfico en la región y la capacidad del Estado para proteger a las víctimas atrapadas en estas disputas. Mientras la familia de Lyan enfrenta secuelas emocionales y económicas, las autoridades prometen investigar las circunstancias del secuestro y las posibles negligencias.
