El Gobierno ha dado un paso para asegurar la gratuidad en la educación superior pública, anunciando la armonización de la Política “Puedo Estudiar” con el sistema de financiamiento a la oferta. Esta medida, que garantiza la permanencia y el crecimiento sostenido de la educación superior, implica transferencias de recursos que ascienden a $11,2 billones anuales.
En una reunión con los rectores de las 67 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, el presidente destacó que esta decisión trasladará $2,14 billones al presupuesto de funcionamiento, blindando los recursos destinados a la gratuidad y asegurando su aumento recurrente año tras año.
“La educación superior debe ser un derecho, no un privilegio. Por eso, en este gobierno avanzamos para garantizar el acceso a miles de jóvenes en los territorios, especialmente a los que más lo necesitan”, afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
Transformación y fortalecimiento del modelo de financiamiento
La Política de Gratuidad, que cubre el pago de la matrícula de estudiantes de pregrado en universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas (ITTU), se ha consolidado como un pilar para la democratización del acceso a la educación superior en Colombia. Entre 2023 y 2024, esta política movilizó cerca de $4 billones, beneficiando a cientos de miles de jóvenes.
El nuevo modelo representa un cambio significativo en la forma como el Estado financia la educación superior pública. Los recursos ya no dependerán de los límites de inversión definidos anualmente, sino que estarán garantizados dentro del funcionamiento regular del sistema educativo y crecerán de manera sostenida.
Con esta medida, el Gobierno del Cambio también impulsa un aumento histórico en el presupuesto para el funcionamiento de las IES públicas, pasando de $6 billones en 2022 a $9,8 billones en 2025. Este incremento del 64% representa la inversión más alta en la historia del país para la educación superior pública.
El fortalecimiento es particularmente relevante para las instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU) públicas, que históricamente habían recibido una asignación de recursos limitada y que ahora contarán con un presupuesto digno para su misión de llevar la educación superior a los territorios.
Impacto y beneficios estructurales de la medida
La armonización de la política de gratuidad garantiza cinco beneficios estructurales clave para el sistema de educación superior público:
- Permanencia y crecimiento anual de los recursos: Asegurando su disponibilidad en futuras vigencias fiscales.
- Independencia de las limitaciones presupuestales anuales: Al salir del rubro de inversión.
- Aumento histórico en el financiamiento: Con recursos adicionales del Gobierno Nacional.
- Tratamiento presupuestal equitativo: Por primera vez para las instituciones técnicas y tecnológicas.
- Fortalecimiento del derecho a la educación superior desde la oferta: Garantizando la capacidad institucional para atender la demanda nacional.
“En este Gobierno estamos construyendo un sistema de educación superior sólido, financiado y permanente”, concluyó el ministro durante la reunión.
La medida comenzará a implementarse a partir del segundo semestre de 2025 y beneficiará directamente a más de 900 mil estudiantes de pregrado en las instituciones de educación superior públicas de todo el país
