La semana pasada, el grupo insurgente anunció el fin del paro armado en varios municipios del departamento del Chocó, ubicado en el litoral Pacífico. Sin embargo, nuevamente se vive la parálisis en esta región debido a los enfrentamientos con el Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El lunes, los insurgentes anunciaron restricciones en el transporte fluvial en los ríos Sipí, San Jorge y San Juan, así como en sus afluentes, como resultado de los combates contra el grupo descendiente de las extintas AUC, según informó la emisora La W Radio.
“Se les insta a abstenerse de movilizarse el 19 de febrero (…) ya que los combates continúan”, citaron en el medio radial uno de los panfletos de los guerrilleros.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo denunció el confinamiento forzado de las poblaciones de Istmina, Sipí, Litoral del San Juan, Nóvita y Medio San Juan debido al recrudecimiento de las hostilidades armadas entre estas organizaciones criminales.
“La situación es crítica; las ayudas humanitarias no pueden ser transportadas por vía fluvial a quienes temen abandonar sus hogares. Los enfrentamientos armados están violando los derechos fundamentales de los habitantes”, detallaron en su cuenta oficial en la red social X.
Además, advirtieron que los bienes y alimentos donados a los habitantes de estas zonas por la Diócesis de Istmina-Tadó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fischetnico) y las alcaldías de Sipí, Istmina y Medio San Juan están en riesgo de perderse.
“El paro armado anunciado públicamente se levantó hace tres días, pero la noche anterior recibimos anuncios de que no se puede circular por el territorio”, dijo Elizabeth Moreno, miembro de Fischetnico, en el informativo de televisión Noticias RCN.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado para que protejan a los civiles y permitan que las ayudas lleguen a las zonas confinadas.
En medio de esta crisis humanitaria, los miembros de la delegación de paz del Gobierno Nacional se desplazaron a Quibdó para atender a los líderes en la zona del San Juan, tras el confinamiento de la comunidad causado por el paro armado.
La medida impuesta por el Frente de Guerra Occidental del ELN afectó a más de 27.000 personas, confinándolas en el sur del departamento, apenas cinco días después de la extensión del cese al fuego con el Gobierno nacional por seis meses.
Al encuentro asistieron Vera Grabe, líder del grupo de negociadores, los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, y representantes del mecanismo de seguimiento y verificación. También estuvo presente la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, quien manifestó que cualquier acuerdo de paz debe involucrar a la sociedad civil.
“No obstante, el conflicto provocado por el confinamiento radica en la lucha territorial por el control de actividades ilícitas, enfrentando a la guerrilla con el Clan del Golfo, comunidad que ha expresado su deseo de paz y aceptación de la propuesta gubernamental”, afirmó la funcionaria.
El congresista Cepeda destacó la necesidad de extender la pausa en las hostilidades con el resto de estructuras armadas que afectan al país.
“El reto es cómo expandir esa protección, logrando al menos un consenso de respeto por los ceses al fuego bilaterales existentes. Se ha debatido sobre un cese multilateral, aunque parece complejo”, comentó.
La jefa de la delegación expresó una opinión similar: “Las acciones deben incluir a la población civil; el proceso de paz no solo concierne al ELN, debe abarcar a otros grupos para erradicar definitivamente la violencia”.
