El adolescente negó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Permanece bajo custodia del ICBF mientras continúa la investigación.
Bogotá, 8 de junio de 2025 En medio de una audiencia de imputación de cargos realizada ante un juez especializado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el menor de edad señalado como autor del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se declaró inocente y no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía.
El joven fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, luego del ataque armado ocurrido el pasado 7 de junio en un mitin político en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo de forma reservada, el adolescente argumentó que portaba el arma “por defensa personal”. Sin embargo, el proceso judicial fue aplazado debido a que el menor requería atención médica tras resultar herido en una pierna durante su captura, según informó El Colombiano.
Actualmente, el joven se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en un centro especializado, mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía anunció que solicitará una medida de internamiento como sanción preventiva, y de ser hallado culpable, el menor podría enfrentar una condena de hasta ocho años, conforme al régimen sancionatorio contemplado en la Ley 1098 de 2006.
El atentado dejó al senador Uribe Turbay en estado crítico, con heridas de bala en la cabeza y una pierna. El político permanece bajo tratamiento en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Las autoridades investigan si el ataque pudo haber sido orquestado por una estructura criminal organizada que habría instrumentalizado al menor como autor material con posibles fines de desestabilización política.
El caso ha generado gran conmoción a nivel nacional y ha reactivado el debate sobre la seguridad de los aspirantes a cargos públicos, así como sobre la instrumentalización de menores en actos de violencia extrema. Organizaciones sociales y juristas han pedido revisar la efectividad del sistema penal juvenil frente a casos de esta gravedad.
