En una operación conjunta entre el Gaula Militar y la Policía Nacional, fue abatido en zona rural de Puerto Lleras, Meta, Michael Enrique Méndez Olivos, conocido como alias ‘Mogosín’, principal cabecilla de las disidencias de la Segunda Marquetalia al mando de Iván Márquez. El operativo se concretó tras varios días de inserción terrestre y aérea, con el apoyo de denuncias ciudadanas.
Alias ‘Mogosín’, recolectaba mensualmente más de mil millones de pesos mediante extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores e industriales del Meta. Tenía nexos con alias Walter Mendoza, cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y buscaba expandir la estructura hacia el centro del país, desde Nariño, Putumayo y Caquetá.
Lo más grave del caso es que el disidente contaba con un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según reveló El Bororó de Karla Arcila en La Luciérnaga, ‘Mogosín’ tenía asignados dos escoltas, una camioneta Toyota Hilux, chalecos blindados, celulares, tarjetas débito y chips para pago de gasolina.
En los documentos oficiales del acto administrativo, se constata que el CERREM (Comité de Evaluación del Riesgo) recomendó medidas de protección para quien fue identificado como desmovilizado del frente 43 Camilo Tabaco de las extintas FARC, con residencia formal en Acacías, Meta, precisamente el departamento donde ejecutaba sus operaciones delictivas.
En el acta de entrega fechada el 26 de marzo de 2025, bajo resolución 8246, se indica que la protección tenía una duración inicial de 12 meses, susceptible de modificación por parte del CERREM. El documento detalla el vehículo entregado: Toyota Hilux, modelo 2024, de placas NJS477, incluyendo su blindaje, SOAT, aseguradora y revisión tecnicomecánica.
El documento, firmado por el contratista Diego Marín, evidencia además la entrega de un chip y tarjeta débito para gasolina, con uso autorizado dos veces al día. La UNP se encargaba de recargar automáticamente los elementos los primeros días de cada mes. Todo esto ocurrió sin que los escoltas contratistas, pertenecientes a una empresa aliada de la UNP, reportaran ausencias o actividades sospechosas.
Durante el operativo, fue capturado alias ‘Jimmy Lozada’, jefe financiero de la organización. Se incautaron un fusil, escopeta, revólver, munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia, panfletos usados para amenazas y el vehículo de la UNP, que está ahora bajo custodia de la Fiscalía.
Este caso no es aislado. En julio de 2024, fueron capturados en Antioquia siete integrantes del Estado Mayor Central (EMC) mientras se desplazaban en vehículos de la UNP. Iban acompañados por un menor que confesó llevar cinco años en la guerrilla. Pese a la indignación, cinco de ellos fueron liberados para volver a la mesa de diálogos con el gobierno.
El hecho pone en entredicho los mecanismos de control de la UNP. Que terroristas como ‘Mogosín’ se beneficien de recursos estatales destinados a proteger a ciudadanos en riesgo, genera preocupación sobre la efectividad del programa de protección y el rol del comité de riesgo, mientras líderes sociales y periodistas siguen sin recibir protección adecuada.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, destacó el operativo como “un paso más para mantener fuera del departamento a los terroristas”, por los que se ofrecía una recompensa de $50 millones.
Finalmente, el director de la UNP, Augusto Ramírez, afirmó a El Bororó que desconocían que Michael Enrique Méndez Olivos fuera alias ‘Mogosín’. Explicó que se desmovilizó en 2014, fue víctima de un atentado en 2018 y desde entonces contaba con protección estatal. Aseguró que no se había recibido reporte de los escoltas indicando que Méndez continuara en actividades delictivas.
