Desde las 6:00 a.m. de este viernes, habitantes de la comunidad de Montevideo ocuparon las oficinas de Cerro Matoso en el sector conocido como “Los Cholos”, en protesta por el incumplimiento de la empresa minera en los acuerdos de reubicación de familias afectadas por sus operaciones. Los manifestantes denuncian que la compañía se niega a entregar documentos que respaldan compromisos pactados en mesas de diálogo, exigiendo transparencia y acción inmediata.
Según los líderes comunitarios, los acuerdos —avalados por normas nacionales— garantizaban la reubicación digna de familias que habitan zonas impactadas por la minería. Sin embargo, alegan que Cerro Matoso ha ocultado actas y registros clave, lo que interpretan como un intento de “despojo de tierras mediante engaño”. La protesta fue notificada ante la Fiscalía General de la Nación, mientras la Procuraduría Provincial de Córdoba ordenó a la empresa facilitar la información retenida.
En un comunicado del 21 de marzo, la Procuraduría Provincial de Montería confirmó la apertura de una investigación y solicitó detalles a:
- Alcaldía de Puerto Libertador (líder del proceso de reubicación).
- Gobernación de Córdoba (para verificar convenios).
- Ministerios del Interior, Minas y Ambiente, así como la Agencia Nacional de Minería (por posibles vínculos con licencias ambientales).
- Unidad de Restitución de Tierras (antecedentes institucionales).
La entidad insistió en que, aunque algunos documentos tienen plazos legales de conservación, aquellos vinculados a derechos comunitarios deben preservarse por su relevancia histórica y jurídica.
La Procuraduría reiteró su compromiso con la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales: “Velaremos por el respeto mutuo y el cumplimiento de las obligaciones de cada parte”, señaló en el documento. Además, instó a Cerro Matoso a cooperar con la entrega de los archivos, claves para esclarecer si hubo irregularidades en el proceso.
