En el corregimiento de San Juan, en Puerto Libertador, la situación del transporte escolar ha alcanzado un punto crítico que ha llevado a un habitante a alzar la voz y denunciar las injusticias que enfrentan los estudiantes. A pesar de las promesas del “cambio” de la administración actual, la comunidad ha perdido la fe en su gobierno, que, según ellos, ha mostrado su verdadero rostro, revelando un sistema que no cumple con las expectativas.
El 19 de septiembre, un video difundido en redes sociales puso en evidencia nuevamente la falta de transporte escolar. En una conversación con Caribe Noticias 24/7, una fuente anónima declaró: “Los transportadores han estado trabajando en condiciones precarias, sin recibir pagos ni combustible. Ante esta situación, decidieron detener sus servicios. En lugar de solucionar el problema, el gobierno optó por cancelarles el contrato, dejando a los niños sin transporte durante más de 15 días.”
La desesperación de los padres se agudiza. “Ahora dicen que van a comprar un bus para solucionar el problema, pero la comunidad ya no les cree. La alcaldesa encargada está de lujo mientras nosotros sufrimos. La máscara del ‘cambio’ se les ha caído y están mostrando sus verdaderas garras”, añadió la fuente.
La situación se vuelve aún más alarmante cuando se considera que algunos de los buses disponibles no se encuentran en condiciones seguras, lo que representa un peligro real para los estudiantes. “¿Cómo podemos confiar en un sistema que pone en riesgo la vida de nuestros hijos? Muchos de estos vehículos no son seguros y pueden causar accidentes”, subrayó la fuente.
En un contexto donde hablar puede tener repercusiones, esta voz anónima enfatiza la urgencia de que medios como el suyo expongan la verdad: “Necesitamos que la comunidad se entere de lo que realmente está pasando aquí. Este supuesto ‘cambio’ es solo una fachada.”
A casi diez meses de administración, el contrato firmado y autorizado por el alcalde inhabilitado Ramón Rubio Durango, que debe garantizar el acceso a una educación de calidad, no está cumpliendo su función. Muchos transportistas aún no han recibido sus pagos, y el contrato, que asciende a 2,000 millones de pesos, está en entredicho. “Nos preguntamos: ¿Hacía dónde está yendo el dinero? La transportadora contratada, COOTRASEC, ha subcontratado a terceros que no reciben el pago que les corresponde.
La comunidad de San Juan exige respuestas y soluciones inmediatas. Este llamado no es solo un grito de auxilio, sino un recordatorio de que el derecho a la educación y a un transporte seguro son fundamentales. La esperanza de un verdadero cambio depende de que se escuchen sus voces y se tomen acciones concretas.
Mientras los habitantes esperan respuestas, queda claro que la desconfianza hacia el gobierno se ha instalado, y que el tiempo para actuar es ahora.
