El conflicto territorial entre Cerro Matoso S.A. y la Comunidad Indígena Zenú Montevideo, en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, ha escalado en los últimos meses, generando un enfrentamiento legal y social que involucra a múltiples actores.
Los orígenes del problema
El conflicto se remonta a 2004, cuando la Fundación San Isidro, perteneciente a Cerro Matoso S.A., adquirió el predio denominado El Castillo, con una extensión de 33 hectáreas, ubicado en la vereda Montevideo. En 2012, el terreno fue dividido en 32 lotes, donados a las familias que habían sido reubicadas desde 2004 en los terrenos conocidos como El Botón. Sin embargo, durante este período de ocho años surgieron interrogantes sobre la demora en la legalización de los predios y la situación de las familias afectadas.
En 2015, los dueños originales del predio iniciaron un proceso de restitución de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras, lo que agravó la incertidumbre sobre la tenencia del terreno. En 2024, la situación empeoró cuando la comunidad Zenú denunció amenazas recibidas el 4 de julio, lo que obligó a su desplazamiento hacia las haciendas El Botón y El Carbón el 8 de julio.
Desalojo y reacción legal
Ante la ocupación del terreno, Cerro Matoso S.A. interpuso un proceso policivo de perturbación por ocupación de hecho, que culminó el 1 de agosto de 2024 con una orden de la Inspección de Policía de Puerto Libertador para amparar los derechos de la empresa. El 26 de noviembre se fijó como fecha para el desalojo, lo que provocó nuevas acciones legales por parte de la comunidad indígena.
Medidas legales de la comunidad Zenú Montevideo
La comunidad Zenú Montevideo, en defensa de sus derechos territoriales y su estabilidad, ha emprendido varias acciones legales:
- Querella administrativa: Presentada el 20 de agosto ante la Procuraduría Provincial de Asuntos Étnicos de Córdoba por omisión en la atención a los desplazados.
- Entrega de listado: Radicado el 11 de diciembre ante la Personería Municipal de Puerto Libertador, identificando a las personas desplazadas según la Ley 1448 de 2011.
- Solicitud de mesas de diálogo: Realizada el 2 de diciembre al Secretario de Gobierno Departamental para buscar una solución negociada al conflicto territorial.
- Denuncia ante el Congreso: Formalizada el 30 de noviembre, acusando extralimitación de funciones por parte de la Policía Nacional.
- Petición a la Defensoría del Pueblo: Interpuesta el 20 de agosto, exigiendo medidas concretas para proteger a la comunidad desplazada.
- Tutelas: Radicadas en los juzgados de Puerto Libertador y Montelíbano, solicitando protección de derechos fundamentales como el debido proceso, el territorio y la diversidad étnica y cultural.
Las medidas legales en curso y las solicitudes de diálogo buscan una solución pacífica que respete los derechos de las comunidades indígenas, en un contexto marcado por tensiones históricas y sociales relacionadas con la tenencia de tierras.
