El equipo legal del representante Andrés Calle presentó una solicitud formal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que el congresista pueda enfrentar su proceso judicial en libertad, en lugar de permanecer en detención preventiva. Calle está investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos más sonados en los últimos años por los altos montos de dinero público involucrados.
La Corte Suprema investiga a Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros. Según las acusaciones, el congresista habría recibido pagos en efectivo por parte del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla Álvarez, a cambio de impulsar reformas en el Congreso y facilitar campañas políticas.
El caso forma parte de una red de corrupción que habría desviado millones de pesos en contratos de la UNGRD, destinados a atender emergencias y desastres en el país. Las investigaciones señalan que Calle habría utilizado su influencia política para beneficiar a contratistas a cambio de presuntas retribuciones económicas.
Argumentos de la defensa
Los abogados del representante basaron su petición en jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que la privación de la libertad debe ser excepcional. Citando la Sentencia C-342 de 2017, señalaron que deben aplicarse los principios de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y gradualidad, los cuales, según su postura, no se estarían cumpliendo al mantener a Calle detenido.
Además, mencionaron fallos recientes de la Sala de Casación Penal, como la Sentencia SP1289-2021, que advierte que las medidas de aseguramiento no deben ser usadas como castigo anticipado, sino solo para garantizar el desarrollo del proceso.
Calle, a través de sus abogados, ha asegurado que no pretende evadir la justicia y que está dispuesto a someterse a cualquier medida alternativa que la Corte considere necesaria, como comparendos periódicos, prohibición de salida del país o vigilancia electrónica.
Posición de la Fiscalía
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación sostiene que existe riesgo de obstrucción a la justicia y posible fuga, debido a la gravedad de los cargos y las conexiones políticas del investigado. El ente acusador insiste en que la detención preventiva es necesaria para evitar que el caso se vea afectado por presiones o maniobras dilatorias.
La Corte Suprema de Justicia deberá resolver en los próximos días si concede la solicitud de la defensa o mantiene a Calle en prisión mientras avanza la investigación. Su decisión podría influir en el tratamiento de otros funcionarios vinculados al mismo escándalo, que incluye a exdirectivos de la UNGRD, contratistas y más políticos bajo la lupa.
