La comunidad indígena Zenú, San Pedro, que habita la zona de influencia del proyecto minero Alacrán, continúa en una lucha por la defensa de sus derechos y su territorio. Desde 2011, cuando la empresa Minerales Córdoba inició operaciones en el sur de Córdoba, la comunidad ha denunciado la falta de consulta previa y los constantes intentos de la compañía por avanzar en el proyecto sin su consentimiento. Hoy, la desconfianza ha crecido aún más, al descubrir nuevas exploraciones mineras que no habían sido informadas previamente.
Según declaraciones recientes de líderes de la comunidad, a Caribe Noticias, Minerales Córdoba no solo pretende explotar la mina Alacrán, sino que, además, busca incorporar títulos mineros adicionales en el área. “Nos querían meter los otros títulos mineros sin consulta, aprovechando que solo estábamos enfocados en el proyecto III-08021 de la mina Alacrán. Ahora sabemos que tenían exploraciones adicionales de las que nunca hablaron en 2021, 2023 y 2024”, explicó una líder del cabildo de San Pedro, quien expresó la creciente desconfianza hacia la empresa.
A lo largo de estos años, la empresa ha propuesto acuerdos parciales en las consultas con las comunidades, sin atender las exigencias de reubicación. “Nos quieren dejar morir aquí, chupando el polvo de las explosiones que hacen cada 24 horas. No nos reubican, y el desespero de la empresa es llegar a un acuerdo parcial con San Pedro”, agregó la líder. La comunidad teme que las explosiones y la contaminación de la mina generen enfermedades respiratorias, malformaciones y otros problemas graves de salud.
Minerales Córdoba presentó en 2021 el Plan de Trabajos y Obras (PTO) para el proyecto Alacrán, pero dicho plan ha sido rechazado en tres ocasiones debido a inconsistencias. A pesar de que la comunidad indígena ha denunciado reiteradamente la falta de cumplimiento de la consulta previa y el respeto a sus derechos, las entidades competentes como la ANLA, la ANM, la Procuraduría y el Ministerio Público no han respondido de manera adecuada.
El cabildo San Pedro ha advertido que, de no lograrse un acuerdo justo, procederán con acciones legales contra la empresa y las autoridades. “Si no llegamos a un acuerdo, los vamos a bombardear con demandas y derechos de petición al ANLA y a la ANM, para que respondan por todas las violaciones a nuestros derechos fundamentales étnicos y territoriales”, señaló la líder. Además, subrayó que el Estado ha sido negligente en su actuación y ha permitido que las leyes sean ignoradas, dejando a la comunidad desamparada y expuesta a una “muerte letal”.
Por su parte, Minerales Córdoba ha defendido la viabilidad económica del proyecto Alacrán, con una vida útil estimada de 15 años y una proyección de beneficios de US$360 millones. La CEO de la empresa, Sarah Armstrong-Montoya, aseguró que esperan la aprobación del PTO y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el corto plazo para iniciar la construcción de la mina. Sin embargo, la comunidad indígena ha dejado claro que no aceptará operaciones que no incluyan su reubicación y el respeto pleno a sus derechos.
La próxima reunión entre la comunidad, la empresa y las entidades estatales se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre. La comunidad Zenú espera que en esta instancia se logren avances en la protección de su territorio y la garantía de un futuro seguro para sus más de 6,000 habitantes. A pesar de los intentos de la empresa por llegar a acuerdos parciales, la comunidad ha reafirmado su postura: no habrá concesiones sin una consulta real y completa que incluya el reasentamiento de las familias afectadas.
El futuro de la comunidad indígena Zenú y su territorio sigue siendo incierto, mientras que Minerales Córdoba busca consolidar el primer gran proyecto de cobre del país, proyectado para iniciar operaciones en 2026.
