En el día de ayer 4 de septiembre, en el marco de las acciones establecidas por la mesa de garantía del Comité de Justicia Transicional del municipio de Puerto Libertador, la Personería Municipal llevó a cabo la toma de declaraciones masivas de las 117 familias desplazadas de Nuevo Montevideo, ubicadas en los predios actualmente denominados Hacienda El Botón. En el contexto histórico y según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, esta área está oficialmente clasificada como Montevideo, una vereda del corregimiento de Loma Seca.
Estas familias se encuentran en proceso de reconstrucción de sus viviendas y el territorio que consideran legítimamente suyo. Esta situación se remonta a hace 20 años, cuando 24 de las 117 familias desplazadas fueron reubicadas de manera engañosa en un predio conocido como Nuevo Montevideo, solicitado por Cerro Matoso. Este proceso de reubicación se realizó bajo amenazas de desalojo, lo que ha llevado a la solicitud de restitución de tierras por parte de estas familias. Las 93 familias restantes sufrieron despojos y desapariciones, cuyos miembros permanecen sin rastro.
Durante la toma de declaraciones masivas, se presentó un conflicto significativo. El Sr. Mariano Nader, Secretario de la Personería Municipal, presuntamente presionó a los participantes, induciéndolos al error y poniendo en riesgo la validez legal de la declaración del representante de la comunidad indígena, el Gobernador Yojanis Corrales. Esta acción compromete la atención y los derechos humanos de más de 800 personas.
Según la denuncia, Nilson Guerra, defensor de derechos étnicos y representante de la organización nacional de derechos humanos INTRECOA, intervino para corregir la información errónea proporcionada por el Gobernador. A pesar de sus intentos por rectificar la situación, se produjo un altercado entre el Dr. Mariano y el defensor, con un intercambio de palabras acaloradas que no permitió llegar a un acuerdo. En consecuencia, el Gobernador indígena Yojanis Corrales solicitó la suspensión de la toma de declaraciones hasta que se garantice el respeto a los derechos y una adecuada conducción del proceso.
