En los últimos días, han salido a la luz videos que han captado la atención de los habitantes de Puerto Libertador y más allá, mostrando el deplorable estado de las vías locales. En las imágenes, se puede ver cómo vehículos, motocicletas e incluso peatones luchan por navegar tramos que parecen más adecuados para un safari que para el tráfico diario. Este deterioro no solo ha afectado la movilidad cotidiana, sino que también ha avivado el descontento generalizado respecto a la gestión de los recursos públicos bajo la administración del alcalde suspendido, Ramón Rubio Durango, quien enfrenta acusaciones de doble militancia.
Las voces de protesta y denuncia se multiplican a medida que más residentes se suman al coro de críticas contra la aparente negligencia y malversación de fondos. La principal pregunta que resuena es clara y directa: ¿Dónde están los 3,552 millones de pesos destinados al contrato para el mantenimiento periódico de las vías rurales en nuestro municipio?
Este último video, grabado cerca del corregimiento de Carepa en San Jorge Medio, es solo la punta del iceberg de una problemática mucho más profunda. Las promesas de mejoras en la infraestructura vial no se han materializado, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad y desamparo. La falta de transparencia y rendición de cuentas agrava aún más la situación, alimentando la desconfianza hacia las autoridades locales.
Los ciudadanos exigen respuestas claras y acciones inmediatas. ¿Cómo es posible que se haya permitido que las condiciones de las vías lleguen a este punto crítico? ¿Qué se ha hecho con los fondos asignados para este crucial proyecto de mantenimiento? Estas interrogantes no solo reflejan una preocupación por la infraestructura física, sino también por la integridad moral y ética de quienes manejan los recursos públicos en nuestro municipio.
En conclusión, la denuncia del mal estado de las vías en Puerto Libertador no es solo una cuestión de infraestructura deteriorada, sino un símbolo de la desigualdad y la injusticia que enfrentan nuestros ciudadanos día tras día. Es necesario que se establezcan mecanismos de supervisión y control efectivos para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de toda la comunidad. La transparencia y la responsabilidad deben ser los pilares sobre los cuales se reconstruya la confianza perdida en nuestras instituciones locales.
