La Procuraduría General de la Nación ha emitido un pliego de cargos en contra del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, y la directora de Cobertura de Educación del municipio, Alexandra Herrera, por presuntas irregularidades relacionadas con sobrecostos en contratos públicos por un valor acumulado de $527 millones.
Los señalamientos se centran en el contrato destinado a proveer raciones alimenticias diarias del Plan de Alimentación Escolar (PAE) a 97.135 estudiantes de colegios públicos en la ciudad durante la pandemia de COVID-19.
Según los hallazgos presentados por el Ministerio Público, el alcalde distrital habría suscrito una adición por un monto de $3.400 millones al contrato original, inicialmente firmado por $22.459 millones. Estos ajustes se basaron en estudios previos autorizados por la directora de Cobertura de Educación.
Esta acción, aparentemente realizada a pesar de la existencia de un informe de la Contraloría General de la República que denunciaba sobrecostos y discrepancias entre los paquetes alimentarios propuestos y los efectivamente entregados a los estudiantes en sus hogares, ha sido objeto de escrutinio por parte de la Procuraduría.
La investigación también ha revelado que los precios de mercado de los productos incluidos en los kits alimenticios a entregar difieren significativamente de los valores cobrados al distrito de Cartagena por el contratista.
Además de los sobrecostos detectados, la Procuraduría ha determinado que los paquetes nutricionales mensuales para los estudiantes, que debían constar de al menos 15 productos diferentes, aparentemente fueron entregados de manera incompleta en varios casos, incluso llegando a proveer únicamente uno de los productos. No obstante, se presume que se cobraron las sumas completas, incluyendo costos, utilidades e impuestos.
El alcalde William Dau Chamat enfrenta cargos provisionales calificados como gravísimos, a título de culpa gravísima, por su supuesta firma y adición del contrato en cuestión a pesar de la presunta existencia de sobrecostos. Esta acción podría haber causado un detrimento en el patrimonio público por un total de $527.398.851.
La Procuraduría General de la Nación continúa su investigación y se espera que los involucrados presenten sus respectivas defensas ante las acusaciones presentadas.
