Tras casi siete años de haber iniciado la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, y a un año del Gobierno Petro, preocupa el deterioro de la seguridad, especialmente para reincorporados y líderes sociales, la lentitud de la indemnización a las víctimas, el estancamiento en la ruta de reparación colectiva, la baja ejecución de recursos en entidades clave para la implementación y el incumplimiento en la ejecución del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Estos son los principales hallazgos del más reciente informe multipartidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo, elaborado por miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) a través del proyecto Del Capitolio Al Territorio.
Seguridad
Las condiciones de seguridad en los PDET y en municipios PNIS requieren de acciones urgentes: los excombatientes y líderes sociales siguen en riesgo y el aumento del secuestro es preocupante.
Desde la firma del Acuerdo en 2016, el 2022 ha sido el año con mayor número de líderes y de defensores de DDHH asesinados (215), siendo Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo los departamentos con mayor número de víctimas. En los primeros siete meses de 2023 fueron asesinados 28 excombatientes, de los cuales el 43% se encontraban en municipios PDET y el 21,4% en municipios PNIS. Así mismo, entre enero y julio del 2023 han ocurrido 180 secuestros que comparados con el mismo periodo del 2022, representan un aumento del 81,8%.
Recursos
Hay una baja ejecución de recursos de entidades clave para la implementación como la ANT, la ART y la UARIV, así como una subejecución de recursos frente a lo planeado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo: se deberían estar ejecutando $4,67 billones al año, pero la inversión actual, en proyectos y obras terminadas, es del 18,6% de los recursos necesarios para estabilizar el territorio y cumplir las metas del Acuerdo.
Víctimas
La indemnización a las víctimas sigue avanzando muy lentamente, a pesar de las metas ambiciosas del Gobierno Nacional: a junio de 2023, 1.357.328 personas habían sido indemnizadas, lo que representa el 17,9% de las víctimas sujetas de atención. A este ritmo, el Estado tardaría aproximadamente 60 años en indemnizar a las que están registradas actualmente.
La ruta de reparación colectiva está estancada: a junio de 2023 se han identificado 917 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC), de los cuales solo el 6,1% ha completado la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) y solo el 20,2% está en proceso de implementarlo. Este rezago se incrementa de manera grave en la reparación colectiva étnica y en los PDET.
Conclusiones
El informe multipartidista que firman los senadores Humberto de la Calle, senador independiente; David Luna del Partido Cambio Radical y Omar de Jesús Restrepo del Partido Comunes; y los representantes de las CITREP: William Aljure, Meta-Guaviare; Orlando Castillo, Cauca-Valle; John Jairo González, Bajo Cauca; Karen Manrique, Arauca; Gerson Lisímaco Montaño, Nariño; y James Mosquera, Chocó-Antioquia; del Partido Alianza Verde: Cristian Avendaño, Alejandro García, Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Duvalier Sánchez; Daniel Carvalho, representante independiente; Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso; Julio César Triana del Partido Cambio Radical y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, concluye que, a pesar de los avances en algunos ámbitos, la implementación del Acuerdo de Paz sigue enfrentada a importantes desafíos. Es necesario que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad, la reparación a las víctimas y la ejecución de los recursos necesarios para que el Acuerdo sea un éxito.
