El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos García Suárez, ha confirmado que un grupo de fiscales especializados lidera la investigación sobre el asesinato del dragoneante del INPEC, Richard Hernández, quien estaba adscrito a la guardia de la cárcel Las Mercedes.
El coronel García Suárez informó que se están considerando varias líneas de investigación, siendo una de las principales hipótesis la relacionada con una denuncia que Hernández realizó hace algunos meses por amenazas recibidas debido a los controles implementados en la cárcel Las Mercedes.
“Esperamos recaudar mayor material probatorio para establecer responsabilidades, ya sea de personas privadas de la libertad o delincuentes que operan fuera de la cárcel”, señaló el coronel.
Según los primeros informes, el dragoneante Hernández había terminado su jornada laboral el 5 de agosto y se encontraba cerca de su casa cuando fue abordado por dos sicarios en motocicleta que le dispararon, causándole la muerte de manera instantánea.
“Estamos verificando si la hipótesis que se tiene. En el lugar del hecho no había cámaras de seguridad, por lo que estamos recorriendo la ruta entre la cárcel y su residencia, un trayecto que abarca aproximadamente una hora, para recolectar imágenes de cámaras de seguridad que puedan aportar información”, explicó el oficial.
Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se pronunció ante la muerte del dragoneante en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del Dg y guía canino, Richard Hernández, quien se encontraba vinculado al ERON de Montería. Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo. Nuestro apoyo y solidaridad están con ustedes”.
De acuerdo con información de Caracol Radio, días antes de su muerte, Hernández había denunciado actos de corrupción por parte de un compañero dentro de la cárcel Las Mercedes de Montería. Según Hernández, su compañero había estado permitiendo el ingreso de teléfonos a los reclusos. Por este motivo, José Richard había sido trasladado a Caucasia, sin embargo, no tenía plan de seguridad.
Este antecedente plantea la hipótesis de que el asesinato pudiera estar vinculado a sus denuncias y a su rol dentro del Inpec. Según Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, afirmó que en 2024 van 37 funcionarios del Inpec asesinados por realizar sus tareas correspondientes.
