El municipio de Montería se libró de desembolsar una millonaria suma de dinero tras el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado que negó de manera definitiva las pretensiones de la demanda instaurada en 2016 por la empresaria y dirigente política Mara Bechara Castilla y varios de sus familiares.
La reclamación buscaba que el municipio pagara más de $9.000 millones por la ocupación de un terreno ubicado en el norte de la ciudad, utilizado para la construcción de la vía paralela al parque lineal Ronda Norte del Sinú.
Con ponencia de la magistrada Adriana Polidura Castillo, la sección tercera del alto tribunal revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, que en mayo de 2021 había fallado parcialmente a favor de los demandantes y ordenaba el pago de alrededor de $5.000 millones.
El origen del pleito
El caso se remonta al año 2013, cuando el municipio de Montería ocupó de manera permanente una franja de 3.531 metros cuadrados de un predio perteneciente a Mara Bechara de Zuleta, Ilse Bechara Castilla, Rossana Bechara Castilla y Rolando Bechara Castilla. En ese terreno se construyó la vía paralela al proyecto de la Ronda del Sinú en el sector norte de la capital cordobesa.
Los demandantes alegaron que la ocupación causó un daño patrimonial y, además, aseguraron haber perdido la oportunidad de desarrollar el proyecto urbanístico World Trade Center de Montería, con el cual proyectaban levantar un complejo empresarial y habitacional en la zona. Por esa supuesta pérdida de oportunidad reclamaban un lucro cesante calculado en más de $91.800 millones.
El municipio, por su parte, defendió desde el inicio que la ocupación se dio sobre una franja paralela al cauce del río Sinú, considerada bien inalienable del Estado, lo que excluía cualquier posibilidad de indemnización.
La ruta judicial
- 2013: El municipio ocupó el terreno para la construcción de la Ronda Norte.
- 2015: Se culminaron las obras públicas en la zona.
- 2016: La familia Bechara interpuso la demanda ante el Tribunal Administrativo de Córdoba.
- 2021: El Tribunal falló parcialmente a favor de los demandantes, reconociendo la ocupación, pero descartando el argumento de “pérdida de oportunidad”. Ordenó pagar más de $5.000 millones.
- 2025: El Consejo de Estado revocó ese fallo, declaró la caducidad de la acción y dejó sin efecto cualquier tipo de condena económica contra el municipio.
Lo que significa el fallo
Con esta decisión, el Consejo de Estado cerró definitivamente el proceso y dejó sin piso la posibilidad de indemnización, concluyendo que no existía daño antijurídico y que, además, la acción ya había caducado al momento de su presentación.
De esta manera, el municipio de Montería queda libre de responder por más de $5.000 millones, cifra que el Tribunal había avalado en primera instancia, y se evita una salida multimillonaria de recursos públicos que habrían golpeado las finanzas locales.
