La relación sentimental entre la representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo (Partido de la U), y el contratista Emilio Tapia Aldana, condenado por dos notorios casos de corrupción, sigue generando debate en la opinión pública. La propia congresista confirmó hace meses a medios nacionales el vínculo: “Sí claro. Hace varios meses estamos juntos”.
Aunque se enmarca en la vida privada, la relación es objeto de escrutinio público debido al rol de Robayo como legisladora y representante del departamento de Córdoba (de donde también es oriundo Tapia), y el historial delictivo de su pareja. Tapia ha sido condenado por su participación en el “carrusel de la contratación” en Bogotá y, más recientemente, como cerebro confeso del desfalco millonario al Ministerio de las TIC por el caso Centros Poblados en 2021.
Este último escándalo estalló al descubrirse que la Unión Temporal, tras la cual se probó estaba Tapia, obtuvo un contrato billonario para llevar internet a zonas rurales usando una garantía bancaria falsa y malversando un anticipo de $70.000 millones. El caso provocó la renuncia de la entonces ministra TIC, Karen Abudinen. A pesar de comprometerse a pagar $5.000 millones como reparación, informes de finales de 2024 indicaban que Tapia solo había reintegrado $2.532 millones.
Robayo, abogada con especialización en Derecho Constitucional, ocupa la curul que dejó su primo, el actual gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y obtuvo una alta votación en las elecciones. Mientras ella ejerce sus funciones legislativas y de control político, y recientemente fue madre, la situación judicial de su pareja ha tenido nuevos desarrollos.
Libertad condicional en vilo por apelación de la Procuraduría
En las últimas horas, un Juzgado de Ejecución de Penas de Barranquilla ordenó la libertad condicional para Tapia Aldana, quien fue condenado a 76 meses de prisión el pasado 6 de enero por el caso Centros Poblados, tras aceptar su responsabilidad. El juzgado argumentó que Tapia cumplía los requisitos: buena conducta, redención de pena por estudio y trabajo (cinco meses y 29 días), y cumplimiento de más de las tres quintas partes de la condena (acreditó 48 meses y 10 días). Se valoraron también la aceptación de cargos, los compromisos de reparación y los informes favorables del INPEC sobre su rehabilitación.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión, frenando la salida de Tapia de la cárcel La Picota. El Ministerio Público sostiene que Tapia no podría acceder al beneficio al haber sido presuntamente condenado por otro delito (cohecho/soborno) mientras ya estaba privado de la libertad. Además, la Procuraduría solicitó al juzgado indagar si la Contraloría o el MinTIC han iniciado acciones para recuperar los $70.000 millones del anticipo desviado.
Por ahora, Emilio Tapia continuará en prisión mientras se resuelve la apelación sobre su libertad condicional.
