La Fiscalía General de la Nación, Seccional Córdoba, atraviesa un conflicto que involucra acusaciones anónimas, presunta suplantación de identidad, denuncias sobre el manejo de cargos estratégicos y una defensa formal. El caso tiene como eje el nombramiento de Álvaro Augusto Márquez González como Investigador Experto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), un cargo considerado de alto nivel en la estructura investigativa del organismo y que, por su naturaleza, requiere un perfil técnico y académico especializado.
La controversia se hizo pública el 26 de julio de 2025, cuando desde la cuenta adolfosaha@outlook.com se envió un mensaje a funcionarios de distintas dependencias del CTI y de la dirección nacional. En el texto, firmado por un supuesto “grupo de investigadores del CTI Córdoba”, se cuestiona de manera directa la idoneidad de Márquez González, su desempeño laboral y las circunstancias que rodearon su reincorporación a la planta de personal, pese a tener resolución de pensión y pertenecer a la tercera edad.
Según un documento que conoció Caribe Noticias 24/7, se asegura que, desde la creación del cargo, numerosos investigadores y peritos han invertido en estudios de pregrado, especializaciones, maestrías e incluso doctorados con la expectativa de acceder a esa posición. Sin embargo, el mensaje sostiene que la motivación se ha visto afectada por decisiones guiadas por intereses políticos y no por criterios de mérito. Los firmantes afirman que el único cargo de Investigador Experto asignado a la Seccional Córdoba hace seis años fue ocupado por Márquez González, a quien atribuyen un rendimiento poco sobresaliente, y que su reincorporación, tras haber sido reemplazado por un funcionario en carrera administrativa, se produjo de forma inmediata mediante un nombramiento en otra seccional, algo que —según ellos— no ocurrió con otros servidores en igual condición.
El documento anónimo concluye que estas decisiones han generado un ambiente de desconcierto, frustración y división en el CTI Córdoba, afectando las aspiraciones profesionales de sus funcionarios y deteriorando el clima institucional.
El 1 de agosto de 2025, Adolfo José Hoyos Vega, investigador del CTI con más de tres décadas de servicio, envió una carta formal a la Sección de Policía Judicial CTI Montería para desmentir cualquier relación con el correo electrónico que dio origen a la controversia. En su comunicación, Hoyos indicó que sus únicas direcciones de correo son adolfo.hoyos@fiscalia.gov.co y adolfojhoyos@hotmail.com, y que jamás ha recurrido a panfletos, cuentas falsas o mensajes anónimos para manifestar opiniones. Afirmó que la creación de esa cuenta y la atribución de su autoría constituyen un acto deliberado para difamarlo y generar conflictos internos.
En el mismo escrito, Hoyos defendió la trayectoria de Márquez González, señalando que cuenta con treinta y tres años de experiencia, dos profesiones en el área de informática y un recorrido integral en las labores propias de la Policía Judicial, que incluyen inspecciones técnicas, allanamientos, capturas, peritajes e investigaciones. Sostuvo que la crítica anónima es parte de un ambiente de intrigas y luchas internas que desvían la atención de la misión constitucional del CTI y que, en su opinión, responden a ataques internos y estrategias de desprestigio.
Más allá de la aclaración, Hoyos aprovechó para exponer lo que considera problemas estructurales en el CTI Córdoba, entre ellos el uso indebido de vehículos oficiales y combustible asignado, la participación de funcionarios en actividades ajenas a su labor, la ausencia de control sobre el desplazamiento de los recursos institucionales, la asignación desigual de cargas laborales, la falta de seguimiento a órdenes de trabajo no ejecutadas y el ausentismo de fiscales sin correctivos efectivos. Afirmó que estas situaciones han sido conocidas por asesores y jefes de investigación, pero que las acciones adoptadas han sido limitadas y no han corregido las falencias.
En cuanto a las posiciones enfrentadas, por un lado, el documento anónimo denuncia que la designación y reincorporación de Márquez González es un ejemplo de favoritismo que vulnera la meritocracia y provoca desigualdad entre los funcionarios. Por otro, Hoyos rechaza cualquier vínculo con el mensaje, sostiene que es víctima de suplantación y defiende la idoneidad del funcionario cuestionado.
La controversia podría derivar en investigaciones disciplinarias y penales. De confirmarse la suplantación denunciada, se configurarían posibles delitos de falsedad y usurpación de identidad. El caso también reaviva el debate sobre la transparencia en los nombramientos y la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de control para evitar que intereses particulares y disputas burocráticas afecten la labor investigativa.
Hoyos concluyó su declaración con un llamado a sus compañeros de trabajo para que abandonen las confrontaciones personales y concentren sus esfuerzos en atender a las víctimas, combatir la corrupción interna y mejorar el rendimiento institucional.
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