A pocos días de cumplirse tres años de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, un nuevo capítulo del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) golpea directamente a su Gobierno. Un tribunal de Bogotá ordenó la captura inmediata de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE) y uno de los hombres de mayor confianza del mandatario desde sus años en el M-19.
La Fiscalía acusa a González de coordinar un entramado de corrupción destinado a sobornar congresistas para que facilitaran la aprobación de las reformas pensional, laboral y de salud. Según los testimonios de Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD hoy detenidos, el dinero provenía de sobrecostos en la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira.
Pinilla confesó haber entregado 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, como parte de estas operaciones. Ambos congresistas fueron capturados en mayo pasado por orden de la Corte Suprema y permanecen en prisión preventiva.
La investigación también involucra a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, hoy privada de la libertad, y apunta a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), señalados de haber direccionado contratos de la UNGRD.
La figura de González, prófugo en el extranjero, representa un golpe simbólico y político al discurso anticorrupción de Petro, quien en 2024 reconoció públicamente que este flagelo había permeado a su Gobierno. Aun así, el presidente se ha limitado a pedir “la máxima condena” contra Olmedo López, sin pronunciarse sobre su exaliado más cercano.
El actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, instó a González a entregarse: “No puede andar prófugo como cualquier rufián. Nuestro proyecto debe ser ejemplar en asumir las responsabilidades políticas sin importar la relevancia de los involucrados”.
La justicia ahora deberá establecer si los sobornos tuvieron incidencia directa en la aprobación de las principales reformas sociales del Gobierno, que lograron superar el trámite legislativo en medio de fuertes cuestionamientos.
Este caso se suma a la larga lista de investigaciones abiertas en torno al mayor escándalo de corrupción del actual mandato, un episodio que pone en entredicho el legado reformista y la promesa inicial de “derrocar el régimen de corrupción”.
