En una movida que busca esclarecer la situación del desabastecimiento de medicamentos y la crisis en el sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud ha solicitado formalmente levantar el velo corporativo de los gestores farmacéuticos. La medida, anunciada durante el cuarto Consejo de Ministros televisado, tiene como objetivo identificar a los verdaderos propietarios de estas empresas, incluyendo a Audifarma, una compañía señalada directamente por el presidente Gustavo Petro.
El presidente Petro ha sido enfático en su acusación contra Audifarma, a quienes responsabiliza de la mayoría de las quejas por acaparamiento de medicinas en el país. Calificando la situación como “un insulto al país”, Petro ha instruido a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a interponer una denuncia penal contra los directivos de Audifarma, basándose en la obligación constitucional de denunciar crímenes.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respaldó la solicitud de transparencia, afirmando que estas compañías serían responsables del desabastecimiento de medicamentos, agravando la crisis sanitaria. Además, Jaramillo presentó un informe sobre la deuda acumulada de las EPS, que asciende a $22,5 billones, de los cuales $17,7 billones corresponden a EPS intervenidas y $4,8 billones a las que aún operan. El presidente ha ordenado no liquidar estas entidades para evitar un colapso mayor del sistema.
Por su parte, el director de la ADRES, Félix León Martínez, defendió la gestión del gobierno, asegurando que se han cumplido los pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos, e incluso se han cubierto deudas heredadas de la pandemia. Sin embargo, el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, denunció el sobrecosto en la intermediación de medicamentos y señaló a Audifarma como la principal receptora de quejas por la no entrega de medicinas, con un 82% de los reclamos.
Audifarma ha respondido a las acusaciones, indicando que es normal encontrar medicamentos en proceso de recepción o despacho. No obstante, las declaraciones no han calmado la controversia. Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, rechazó las acusaciones de acaparamiento, atribuyendo el problema al desfinanciamiento del sistema.
