La investigación por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Aníbal Garay, ocurrido el año pasado en Corozal, Sucre, ha tomado un giro inesperado. Las denuncias previas realizadas por Garay implican directamente a un miembro activo de la Policía Nacional en una serie de crímenes, entre ellos el homicidio de tres campesinos en Sucre, una masacre que ha conmocionado a la región.
Entre las víctimas figuran una pareja de jóvenes y el padre de uno de ellos. Según las pruebas recabadas por Garay, el uniformado implicado sería familiar de Keisi Isabella Pernet Estrada, una de las jóvenes asesinadas.
Garay, quien representaba a las familias de las víctimas, había recopilado audios y testimonios que señalaban al policía como presunto autor material de los crímenes. En los mensajes hallados en el celular de Keisi, se observa un patrón de coacción, incluyendo amenazas veladas y manipulaciones psicológicas dirigidas a la menor y su pareja sentimental, Kemil Segundo Royero Pardo, quien también perdió la vida en la masacre.
Los hechos se remontan al 9 de diciembre de 2024. Ese día, Keisi, de 16 años, Kemil, de 17 años, y el padre de este último, Enrique Segundo Royero Quintero, salieron desde el corregimiento de Chapinero hacia Corozal, presuntamente para cumplir con un compromiso laboral. Sin embargo, en su trayecto, fueron interceptados y asesinados en el área rural de San Juan de Betulia.
Gloria Pardo, madre de Kemil, relató entre lágrimas los detalles que antecedieron al crimen. Según su testimonio, Keisi recibió una llamada en la que le pedían convencer a Kemil de acudir a Corozal para pintar una casa. Pese a las reservas iniciales de la familia, Kemil insistió en acudir, decidido a ganar la aceptación de los familiares de su pareja.
Para facilitar el viaje, un monto de 10 mil pesos fue transferido a través de Nequi para cubrir el transporte. Finalmente, padre e hijo partieron juntos, sin imaginar que el trayecto sería su última travesía.
Las denuncias de Aníbal Garay y las pruebas que recolectó se convirtieron en una pieza clave para vincular a un funcionario público en estos crímenes. La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder los audios y demás indicios presentados por el abogado antes de ser asesinado, en lo que ahora se sospecha podría estar relacionado con su trabajo en este caso.
