El riesgo de prescripción de la acción penal que está latente en el caso de la desaparición y muerte de Jairo Zapa Pérez, el entonces director de regalías de la Gobernación de Córdoba, fue puesto en conocimiento de la Subdirección de Tratados de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El colectivo de abogados de Jaime Granados S.A.S. se dirigió en las últimas horas, a través de un escrito, a Ibrahim Salama, de la Subdirección de Tratados de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para poner de presente el riesgo de prescripción de la acción penal que se adelanta en el Tribunal Superior de Montería, Córdoba.
“Como representantes de víctimas hemos manifestado la preocupación que existe por el inminente riesgo para las víctimas de que se configure el fenómeno de la prescripción de la acción penal, la cual podría operar el próximo 29 de abril de 2024, en caso de que no se adopte una decisión de segunda instancia antes de esa fecha por parte de dicha institución”.
Agrega Jaime Enrique Granados Peña en la comunicación que se conoció “dentro del trámite de la acción urgente, en varias ocasiones se llamó la atención del Estado en lo que respecta a las demoras dentro del proceso judicial que se está adelantando con radicado No. 23001600101520140278300, en la ciudad de Montería¹.
Así las cosas, en el marco de las competencias del comité, y teniendo en cuenta que esta situación conlleva una grave amenaza para el derecho a la justicia que le asiste a las víctimas, solicito en nombre de estas un pronunciamiento urgente de parte del Comité a fin de instar al Estado Colombiano para que, por medio del Tribunal Superior de Montería, adopte de manera URGENTE una decisión antes del 29 de abril de 2024 que impida la posible ocurrencia de la prescripción”.
Antes del lunes 29 de abril debe haber pronunciamiento del Tribunal Superior de Montería sobre las dos apelaciones a la sentencia condenatoria de hace 5 meses.
