La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por un contrato interadministrativo de $7.000 millones celebrado entre el Ministerio de Salud y el sistema de medios públicos RTVC, el cual presenta presuntos sobrecostos e irregularidades.
El contrato, suscrito en 2023, debía ser ejecutado entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de ese mismo año. Según información revelada por W Radio, el ente investigador busca esclarecer las presuntas anomalías en la contratación, incluyendo sobrecostos en la adquisición de elementos como gorras y servicios como batucada.
Detalles de la investigación
La Fiscalía ordenó al Ministerio de Salud entregar una serie de documentos relacionados con el contrato, incluyendo:
- Estudios de necesidad, mercado, pliegos, exigencias técnicas, jurídicas y económicas.
- Invitaciones a empresas, actas y audios de las reuniones del comité de contratación.
- Resolución de adjudicación, adendas y demás documentos relevantes.
Además, la Fiscalía solicitó al Ministerio de Salud:
- Listado de nombres y contactos de los miembros del comité de contratación.
- Informe de ejecución presupuestal del contrato.
- Lista de interventores, ejecutores y supervisores del contrato.
- Copia de los pagos realizados al contratista.
- Manual de contratación del Ministerio de Salud vigente al momento de la adjudicación.
- Manual de funciones para los supervisores, interventores o competentes contractuales.
Posible tráfico de influencias
El representante a la Cámara Andrés Forero denunció que el contrato se habría entregado a dedo a través de Juan Pablo Morris, hermano del directivo de RTVC Hollman Morris, según información proporcionada por trabajadores del sistema público de medios.
Forero reveló presuntas irregularidades en el contrato, como la adquisición de diez gorras por $2′800.000 ($280.000 cada una), la contratación de una batucada por $30 millones y la producción de un video sobre una marcha por $22 millones.
Investigación en curso
La investigación de la Fiscalía busca determinar si hubo irregularidades en la celebración del contrato y si se incurrió en algún tipo de delito. Se espera que en los próximos días se avance en la investigación y se tomen las medidas pertinentes.
Este nuevo escándalo salpica al Gobierno nacional y genera dudas sobre la transparencia en la contratación pública.
