José David Cura Buelvas, exalcalde de Montelíbano (2020-2023), enfrentó este viernes 7 de marzo a audiencias preliminares por un presunto caso de abuso sexual en contra de una mujer de 20 años. Sin embargo, el proceso ha generado polémica tras revelarse que el exmandatario no habría pasado la noche del jueves 6 de marzo en las instalaciones del CTI de la Fiscalía en Montería, como correspondía, sino en un hotel del centro de la ciudad.
Cura Buelvas se entregó voluntariamente a las autoridades tras emitirse una orden de captura en su contra por el delito de acto sexual violento. Según la denuncia, el exalcalde habría mantenido una relación secreta con la víctima en 2023, mientras aún ejercía su cargo. Tras la ruptura, la mujer asegura que Cura Buelvas la acosó, persiguió y hostigó, llegando incluso a obligarla a tener relaciones sexuales el 19 de julio de 2024 bajo amenazas de revelar su relación y divulgar fotos íntimas.

El medio El Meridiano reveló que el exalcalde no habría pasado la noche en custodia del CTI, como lo establece el protocolo para personas con orden de captura, sino en un hotel de Montería. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos hacia el ente investigador, ya que, según la normativa, Cura Buelvas debería haber permanecido bajo custodia hasta que un juez decidiera su situación jurídica.
Fuentes cercanas al proceso indican que el exalcalde estaría buscando negociar con la Fiscalía para evitar una medida de aseguramiento intramural. Su defensa espera que, durante las audiencias preliminares programadas para este viernes en el Juzgado Segundo Municipal de Montelíbano, el juez le permita seguir el proceso en libertad.
Denuncias de irregularidades
El abogado defensor de Cura Buelvas, Álvaro Pérez, ha denunciado “gravísimas irregularidades” en el proceso. Según Pérez, solicitó que su cliente fuera custodiado por el CTI de Montería durante las audiencias, pero la directora de la entidad, Sherly Otero, lo envió al Centro de Traslado Provisional (CTP), un lugar que, según el defensor, no ofrece las condiciones de seguridad adecuadas para una figura pública como el exalcalde.

Además, Pérez alertó sobre la filtración de información confidencial a la prensa por parte de la Fiscalía, incluso antes de que las partes involucradas tuvieran acceso a ella. “Esto pone en duda la imparcialidad del despacho encargado”, afirmó el abogado.
La defensa también aseguró que personas vinculadas a sectores políticos contrarios a Cura Buelvas han intentado influir en la presunta víctima, ofreciéndole representación legal con el objetivo de perjudicar al exalcalde. “Exigimos que los operadores judiciales actúen con imparcialidad, sin permitir que intereses políticos interfieran en el proceso”, declaró Pérez.
















