En un giro inesperado en el caso del asesinato del ganadero Esteban Urueta y sus empleados, el brigadier general Nicolás Zapata, subdirector general de la Policía Nacional, confirmó el hallazgo de una fosa en un terreno cenagoso en el corregimiento de Carolina, municipio de Chimá, donde se encontraron los cuerpos de las víctimas. El descubrimiento fue el resultado de una operación en la que policías encubiertos simularon ser paramilitares para presionar a los sospechosos a confesar su participación en los crímenes.
La investigación reveló que Esteban Urueta había planeado reunirse con Cristian Petro, administrador de una de sus fincas, para realizar un inventario de ganado tras sospechas de faltantes. Las autoridades, en coordinación con agentes encubiertos, decidieron implementar una operación psicológica en la que los policías se harían pasar por paramilitares. Sin embargo, se les ordenó seguir estrictos protocolos legales que prohíben cualquier acto violento.
Petro, quien accedió a reunirse con los falsos paramilitares, fue sometido a presión psicológica. Durante el interrogatorio, confesó detalles sobre la desaparición de Urueta y sus trabajadores Gerardo Marzola Coronado y Fredy Manuel Beleño Acosta. Petro mencionó el nombre de Juan Soto, quien también fue llevado al lugar de los hechos y terminó revelando su implicación.
Las confesiones indicaron que los sospechosos asesinaron a golpes a Marzola Coronado y Beleño Acosta mientras Urueta se ausentaba para comprar alimentos. Los cuerpos fueron incinerados y enterrados en una fosa previamente cavada. Cuando Urueta regresó, fue asesinado de manera similar, tras descubrirse que Petro lo estaba robando para financiar su estilo de vida en fiestas y con mujeres en su natal San Pelayo.
Los asesinos intentaron encubrir los homicidios abandonando la camioneta de Urueta en Bellavista, Ciénaga de Oro, y planeaban hacer pasar el caso como un secuestro. Sin embargo, las autoridades ya habían comenzado a sospechar del robo de ganado, lo que permitió desenmascarar a los responsables.
A pesar de las confesiones y el hallazgo de los cuerpos, ni Petro ni Soto han sido arrestados formalmente. Ambos permanecen bajo custodia en las instalaciones del Gaula de la Policía en Montería. La familia de Fredy Beleño, una de las víctimas, exige que se emitan órdenes de captura y se lleve a los responsables ante la justicia.
Expertos en derecho penal afirman que, aunque los sospechosos confesaron, es necesario corroborar los hechos. Con el hallazgo de los cuerpos, y una vez que Medicina Legal confirme la identidad de al menos una de las víctimas, las órdenes de captura podrían emitirse en cualquier momento.
