El exrepresentante a la Cámara y expresidente de esta corporación, Andrés David Calle Aguas, se presentó de manera voluntaria este miércoles en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra. La medida hace parte de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según lo que ha trascendido en las audiencias, Calle Aguas estaría vinculado a la supuesta recepción de mil millones de pesos provenientes de recursos destinados a atender la crisis de agua en La Guajira. El dinero, de acuerdo con declaraciones de testigos, habría sido entregado en efectivo en el marco de un presunto esquema de distribución de fondos públicos a altos funcionarios del Congreso.
La Fiscalía indicó que la entrega a Calle habría sido ordenada por Carlos Ramón González Merchán, quien en ese momento dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y canalizada por medio del entonces director de la UNGRD, Olmedo López.
El caso no solo salpica al exrepresentante cordobés. También fue emitida una orden de captura contra el expresidente del Senado, Iván Name, a quien se le señala de haber recibido tres mil millones de pesos a través de la consejera para las Regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz.
En respuesta a la decisión de la Corte Suprema, la defensa de Andrés Calle expresó que, aunque no comparten la determinación, esta será acatada. “Será asumida como una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa en todas las instancias y por las vías legales, con total respeto a la institucionalidad y a la administración de justicia”, afirmó la firma Torres Cortés & Asociados en un comunicado.
El equipo jurídico agregó que Calle reafirma su inocencia, su compromiso con la transparencia y su disposición de colaborar plenamente con las autoridades.
El escándalo ha salpicado a múltiples figuras del ámbito público, entre ellas exdirectivos de la UNGRD, exfuncionarios del Ministerio de Hacienda y varios congresistas de diferentes comisiones. Entre los mencionados están el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla; el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo; y el exjefe de la Función Pública, César Manrique.
A medida que avanzan las diligencias, la opinión pública sigue de cerca este caso, considerado uno de los más delicados en materia de gestión de recursos públicos destinados a la atención de comunidades vulnerables.
