La situación de las vías rurales en el municipio de Puerto Libertador es un tema de creciente preocupación que exige atención inmediata. En particular, el tramo de la vía que conecta Juan José con La Rica se encuentra en un estado deplorable, lo que refleja no solo la falta de atención por parte de la administración municipal, sino también un incumplimiento de las promesas hechas a la comunidad.
A pesar de la asignación de un contrato por más de 3,550 millones de pesos para la reparación de estas vías, el plazo de ejecución se ha extendido sin justificación. Inicialmente, se estableció un plazo de cuatro meses, pero la comunidad sigue esperando resultados concretos. Cada día que pasa, las condiciones de la carretera empeoran, lo que resulta inaceptable, sobre todo en un momento en que no estamos en época de lluvias.
La alcaldía, en un intento por justificar su inacción, ha argumentado que no se les ha permitido trabajar. Sin embargo, los ciudadanos se preguntan: ¿Cuánto tiempo más deben soportar esta situación? La falta de progreso en las obras no se puede achacar únicamente a factores externos. Los residentes están cansados de escuchar excusas. La realidad es que, independientemente de las dificultades, el dinero destinado a la mejora de estas vías ya está disponible. Es esencial que la administración municipal muestre un verdadero compromiso con la comunidad y que actúe en consecuencia.
La situación es aún más alarmante si consideramos que muchas personas, especialmente aquellas que padecen enfermedades, dependen de estas vías para acceder a servicios de salud. La inseguridad que genera el mal estado de la carretera se traduce en un riesgo constante de accidentes, lo que podría llevar a consecuencias trágicas si no se toman medidas adecuadas.
Desde el cambio de administración, se esperaba que la nueva gestión trajera consigo un enfoque renovado en el manejo de los recursos y la atención a las necesidades de las comunidades rurales. La actual alcaldesa encargada, María Camila, tiene la responsabilidad de hacer frente a esta situación y no puede permitir que las viejas prácticas persistan. Es fundamental que salga del casco urbano y se involucre activamente en la solución de los problemas que afectan a los corregimientos. No se trata solo de asistir a eventos y hacerse ver en fotos; se necesita una alcaldía que esté dispuesta a “ponerse las botas” y trabajar codo a codo con la comunidad.
Las promesas de un “gobierno del cambio” no pueden convertirse en simples palabras vacías. Los ciudadanos de Puerto Libertador han manifestado su deseo de ver acciones concretas y resultados palpables. La inversión en infraestructuras esenciales como las vías rurales no solo es una obligación, sino una necesidad urgente que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes.
Es inaceptable que se continúe gastando dinero en celebraciones y eventos sin sentido mientras las necesidades básicas de la comunidad permanecen desatendidas. El problema de las vías requiere atención y no se puede postergar más. La administración debe asumir la responsabilidad de resolver esta situación antes de que ocurra un accidente que pueda costar vidas.
Los ciudadanos están en su derecho de exigir que se realicen las obras necesarias. Es momento de dejar atrás las críticas y empezar a actuar. La mejora de las vías rurales no puede esperar más; es una cuestión de seguridad, salud y desarrollo para Puerto Libertador. Si la administración municipal no toma cartas en el asunto, perderá la confianza de una comunidad que ya está cansada de promesas incumplidas y hasta ahora no vemos que va por buen camino.
