Continúa la polémica en Puerto Libertador contra los millonarios contratos que parecen ser ‘fantasmas’, debido a que se proyectan, presupuestan y, según la documentación, se pagan, pero en el día a día parece que nunca se ven. Hoy hablaremos de dos de estos, casi con el mismo fin:la limpieza de quebradas en la municipalidad.
El primero contrato es el servicio de obra 089 – 2024 el cual pretende la “limpieza de arroyos y canales de aguas lluvias, de la quebrada La Zumbadora hasta la desembocadura del río San Jorge en el corregimiento de Juan José, la recuperación de canales de aguas negras y pluviales La Gotera, El Guajiro, El Palmira, San José, La Unión, Camilo Jimenez, Morrocoy, San Pedro y la quebrada Lucas a la altura del puente vía principal hasta la desembocadura del río San Pedro en el municipio de Puerto Libertador”.
El anterior contrato, celebrado entre el municipio de Puerto Libertador -contratante- y el señor Hugo Fernando Osorio Díaz -contratista- está por el valor de (1.226.000.000) mil doscientos veinte seis millones de pesos que sería ejecutado en el valor de un mes, a partir de la suscripción del acta de inicio y que al parecer sería desde el 18 de diciembre y el 18 de enero de 2025.
¡Eso no es todo! El millonario contrato tendría un adelanto del 50%, es decir, ($613.000.000) seiscientos trece mil millones. En ese orden de ideas, así quedaría el contrato para su pago.
Detalles del Pago del Contrato
| Descripción | Detalle |
|---|---|
| Anticipo inicial | 50% del valor total del contrato ($613.000.000) |
| Pago restante | 50% restante mediante actas parciales de avance de obra |
| Amortización del anticipo | El anticipo se amortiza deduciendo una parte del valor de cada acta parcial. Esto reduce progresivamente el anticipo inicial. |
Según indagaciones de Caribe Noticias con líderes comunales y comunitarios de estas comunidades, en dos lugares vieron a tres personas tomando fotos durante aproximadamente media hora y nada más.
El otro contrato es la “restauración y recuperación ecológica del afluente tributario quebrada El Café de la cuenca alta del río San Jorge incluye el 1% icld sector ambiental en el municipio de Puerto Libertador”, que se encuentra en el certificado de disponibilidad presupuestal y está con el valor de ($782.000.000,00) los setecientos ochenta y dos millones de pesos. Lo raro es que, según nuestras investigaciones, gran parte del predio es propiedad privada y, en diálogo con el propietario, aduce que ningún funcionario de la Alcaldía de Puerto Libertador se ha acercado hasta allá.
La pregunta que queda al ver está situación es, ¿dónde está la plata de los contratos y en qué se gastó?
El anterior escándalo
El pasado 27 de diciembre, Caribe Noticias conoció la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales por un valor de 180 millones de pesos, suscrito el 12 de diciembre de 2024. Este contrato, con un plazo de ejecución de 15 días, tenía como objetivo desarrollar actividades para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes de grado 11 de siete instituciones educativas rurales: Simón Bolívar, Villa Nueva, Pica Pica Viejo, Lucila Godoy, Pablo VI, Juan Pablo II y Santa Teresita. Sin embargo, las fechas de ejecución coinciden con el periodo vacacional, lo que genera dudas sobre su viabilidad y cumplimiento.
El contrato fue firmado por la alcaldesa encargada, María Camila Zúñiga Perea, designada por la Gobernación de Córdoba, y la Corporación Social para el Fomento del Talento Humano y Empresarial de Colombia (CEMFOCOL), representada legalmente por Sandra Milena Acosta López. Dentro de las actividades contempladas estaban eventos, talleres, pruebas diagnósticas, asesorías psicológicas, campañas en redes sociales y la creación de materiales educativos, todas supuestamente dirigidas a la población estudiantil. Sin embargo, según las indagaciones de Caribe Noticias, los rectores de las instituciones involucradas han señalado que dichas actividades no se ejecutaron y se han negado a firmar documentos que avalen el cumplimiento del contrato, ante el temor de ser implicados en un posible caso de malversación de fondos.
En las últimas horas, la alcaldía, a través de su cuenta de Facebook se pronunció y dijo que era un malentendido la situación, pero parece que la realidad es otra.
“ (..) Para aclarar y desmentir las recientes difamaciones e información errónea que han circulado respecto al Convenio Interadministrativo 0150 de 2024, cuyo propósito es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes de instituciones educativas rurales del municipio”, afirmaron”.
“Este proyecto ha sido diseñado con un enfoque integral para proteger y orientar a nuestra juventud, sumando esfuerzos entre diferentes actores sociales y gubernamentales. Reiteramos que todas las acciones relacionadas con este convenio se han llevado a cabo con transparencia, dentro del marco legal y bajo estrictos controles administrativos (…)”, se lee en otra parte del documento.
