La alcaldesa de San Onofre, Sucre, Marta Cantillo Martínez, ha anunciado la presentación ante el Concejo del proyecto de acuerdo para que el Municipio entre en la Ley 550 o reestructuración de pasivos debido a la situación financiera actual.
Este anuncio surge a raíz de la falta de un proceso de empalme adecuado con el exalcalde Jesús Julio Teherán, lo que ha dejado incertidumbre sobre el destino de los 7 mil millones de pesos del empréstito aprobado el año pasado. Estos fondos, que se destinaban supuestamente para agua y alcantarillado, quedan en el limbo debido a la falta de información transparente durante el cambio de administración.
La alcaldesa expresó su preocupación por la situación encontrada al asumir el cargo, describiendo el municipio como olvidado y abandonado, lo que la motiva a trabajar en pro de las comunidades rurales y urbanas. Ante la falta de un empalme efectivo, se ve obligada a tomar medidas para reestructurar las finanzas municipales.
Cantillo afirmó que aún están investigando toda la información para informar a los entes de control sobre la situación. La falta de transparencia en la legalización de las cuentas bancarias del Municipio ha revelado sorpresas irresponsables, especialmente en relación con el empréstito de 7 mil millones de pesos. Este préstamo, inicialmente destinado a mejorar el suministro de agua y alcantarillado, fue transferido de los bancos al Municipio de San Onofre y posteriormente a Aguas de Torobé, generando incertidumbre sobre su uso adecuado.
La alcaldesa subrayó la importancia de la investigación detallada, destacando la falta de información proporcionada por la administración saliente en áreas cruciales como contabilidad, tesorería y presupuesto. Además, señaló una deuda heredada con Afinia que supera los mil millones de pesos, agravando la situación financiera del municipio.
¿Qué es la Ley 550?
La Ley 550 de 1999 es una ley de intervención económica y acuerdos de reestructuración. Esta ley establece la intervención del Estado en la economía para promover la reactivación y el empleo.
- Establece un régimen que promueve y facilita la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales.
- Proporciona incentivos y mecanismos para que los deudores y acreedores negocien, diseñen y ejecuten programas que permitan a las empresas colombianas en crisis normalizar su situación.
- Prevé que el Estado puede intervenir para lograr que las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones especiales y temporales que faciliten la intervención y la viabilidad financiera.
