Un nuevo escándalo de posible corrupción ha surgido en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, tras la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales por un valor de 180 millones de pesos, suscrito el 12 de diciembre de 2024. Este contrato, con un plazo de ejecución de 15 días, tenía como objetivo desarrollar actividades para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes de grado 11 de siete instituciones educativas rurales: Simón Bolívar, Villa Nueva, Pica Pica Viejo, Lucila Godoy, Pablo VI, Juan Pablo II y Santa Teresita. Sin embargo, las fechas de ejecución coinciden con el periodo vacacional, lo que genera dudas sobre su viabilidad y cumplimiento.

El contrato fue firmado por la alcaldesa encargada, María Camila Zúñiga Perea, designada por la Gobernación de Córdoba, y la Corporación Social para el Fomento del Talento Humano y Empresarial de Colombia (CEMFOCOL), representada legalmente por Sandra Milena Acosta López. Dentro de las actividades contempladas estaban eventos, talleres, pruebas diagnósticas, asesorías psicológicas, campañas en redes sociales y la creación de materiales educativos, todas supuestamente dirigidas a la población estudiantil. Sin embargo, según las indagaciones de Caribe Noticias, los rectores de las instituciones involucradas han señalado que dichas actividades no se ejecutaron y se han negado a firmar documentos que avalen el cumplimiento del contrato, ante el temor de ser implicados en un posible caso de malversación de fondos.

Por otro lado, el diseño del contrato ha sido criticado. Entre las actividades descritas se incluyen pruebas diagnósticas a 233 estudiantes, talleres de inteligencia emocional, charlas para padres y docentes, y campañas de sensibilización. Sin embargo, los estudiantes a quienes iba dirigido el proyecto ya se habían graduado al momento de la firma, y las instituciones educativas estaban cerradas. Además, algunos rectores expresaron que nunca fueron informados ni consultados sobre estas actividades.
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