La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre graves irregularidades en la asignación y pago de subsidios destinados a los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado en el país. Tras analizar las respuestas a requerimientos de información enviados al Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las empresas prestadoras de estos servicios, la entidad de control identificó incumplimientos que afectan directamente a la población más vulnerable del país.
Incumplimiento en la destinación de recursos
Según el informe de la Contraloría, 361 municipios no están destinando el 15% de los recursos recibidos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, tal como lo exige la Ley 1176 de 2007. Además, 145 municipios no presentaron ningún reporte sobre el uso de estos fondos. Esto significa que el 34% de los municipios del país incumplen con la destinación mínima de recursos para subsidios dirigidos a los estratos 1, 2 y 3.
“Este incumplimiento afecta directamente a las familias más necesitadas, que dependen de estos subsidios para acceder a servicios básicos como el agua potable y el manejo de residuos”, señaló la Contraloría en su comunicado.
Demoras en el pago de subsidios
La entidad también detectó retrasos significativos en el pago de subsidios por parte de las entidades territoriales a los operadores de servicios públicos. En promedio, las alcaldías tardan 60 días en reconocer y pagar estos recursos, aunque en algunos casos los retrasos alcanzan los 360 días. Estas demoras han afectado la capacidad financiera de las empresas prestadoras, comprometiendo la calidad y continuidad de los servicios.
“Los atrasos en los pagos supeditan la prestación y calidad de los acueductos, alcantarillados y procesos de recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos”, explicó la Contraloría.
Impactos en la población vulnerable
Los incumplimientos y demoras en los pagos tienen un impacto directo en la población más vulnerable. Según el informe, al 31 de diciembre de 2024, se adeudan aproximadamente $180.505 millones en subsidios, lo que pone en riesgo la prestación de servicios esenciales a los estratos 1, 2 y 3.
“Estos recursos son vitales para garantizar que las familias de bajos recursos tengan acceso a servicios básicos. La falta de pago oportuno y la mala destinación de los fondos generan un círculo vicioso que perjudica a quienes más lo necesitan”, agregó la entidad.
Riesgos para la sostenibilidad de los operadores
La Contraloría también advirtió que los retrasos en los pagos han afectado la sostenibilidad financiera de los operadores de servicios públicos. En algunos casos, las empresas han tenido que recurrir a recursos adicionales para cumplir con sus obligaciones, lo que ha generado un impacto negativo en su capacidad operativa.
“La falta de liquidez limita la capacidad de los operadores para mantener la infraestructura necesaria y garantizar la prestación continua y de calidad de los servicios”, concluyó el informe.
Ante esta situación, la Contraloría hizo un llamado a las entidades territoriales para que cumplan con la normativa vigente y destinen de manera eficiente los recursos del Sistema General de Participaciones. Asimismo, instó a las autoridades a agilizar los pagos de subsidios para evitar mayores afectaciones a la población vulnerable y a los operadores de servicios públicos.
